https://huelvaya.es/2021/03/12/un-ano-y-nueve-meses-de-prision-por-trafico-de-drogas-en-rociana/ (HUELVAYA)

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra R.R.M, al que condenaba a la pena de un año y nueve meses de prisión como autor de un delito contra la salud pública, concurriendo la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, desestimando de este modo el recurso presentado por la defensa del condenado.

Así, la sentencia confirmada recogía como hechos probados que, sobre las 14.50 horas del día 17 de enero de 2019, el acusado (mayor de edad y ejecutoriamente condenado en sentencia de 23 de noviembre de 2016 por delito contra la salud pública a pena de tres años de prisión y multa de 2.500€) fue sorprendido por agentes de la Policía Local en la calle Pinta de Rociana del Condado cuando vendía una papelina de cocaína/heroína a una tercera persona a cambio de 10 euros. Una vez identificados, los agentes ocuparon al acusado los 10 euros que había recibido de la compradora, y a esta el envoltorio de color blanco que acababa de adquirir del acusado, conteniendo el mismo dos sustancias: polvo ocre con un peso de 0,051 gr (50,07% de pureza en heroína) y polvo blanco con un peso de 0,047 gr (71,61% de pureza en cocaína), valoradas en unos 6 €.

Al acusado le fueron intervenidos además 910 euros en varios billetes, sin que conste que fueran producto de ventas anteriores.

El acusado era consumidor habitual de cocaína y opiáceos, lo que afectaba a sus normales facultades volitivas y cognoscitivas al acontecer los hechos, si bien no estaban eliminadas dichas capacidades, habiendo estado sometido a diversos tratamientos de deshabituación desde el año 2005, y en el omento de los hechos se encontraba iniciando tratamiento (desde diciembre de 2018), siendo su evolución en esa fecha irregular, pues seguía consumiendo sustancias estupefacientes”.

En su recurso, la defensa del condenado alegaba como único motivo de impugnación un “error en la apreciación de la prueba e infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia”.

No obstante, el tribunal aclara que “la prueba de cargo practicada permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó el hecho objeto de acusación sin margen de duda razonable, como exige su derecho constitucional a la presunción de inocencia, que la apreciación probatoria que conduce a esa conclusión está a cubierto de la crítica rigurosa pero forzosamente extrínseca que permite el recurso de apelación y que el ulterior juicio de subsunción típica de la conducta es correcto, como lo es la individualización de la pena, en la que se aplicó ya la degradación que permite el artículo 368.2 del Código Penal”, por lo que considera que el recurso debe ser desestimado e íntegramente confirmada la sentencia impugnada.

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