Noticia de Huelva Información

Condena rotunda de la Audiencia Provincial de Huelva para el bollullero que secuestró, violó y grabó a una mujer mientras la agredía a finales de 2019. Después de reconocer y admitir la totalidad de los hechos, el acusado tendrá que cumplir 13 años y un día entre rejas por la comisión de un delito continuado de agresión sexual en concurso con otro de detención ilegal y por ser el autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Como consta en la sentencia de la Sección Primera, a la que ha accedido Huelva Información, la jornada de autos fue el 7 de noviembre de 2019. Sobre las 15:30, la víctima se encontraba paseando a su perra por el Camino de los Soldados de Rociana del Condado. El procesado conducía su coche por la zona. Quince minutos después y tras pasar varias veces junto a la perjudicada, «detuvo el vehículo, se bajó y con un serrucho o sierra metálica oxidada se dirigió hacia ella». Le dijo «ven, ven, métete en el coche».

La mujer, presa del pánico, empezó a correr, pero le dio alcance. «La agarró por detrás y, presionándola con el citado objeto en la espalda, la subió al vehículo contra su voluntad«. Lo primero que hizo fue quitarle el móvil. Sin embargo, a la víctima le había dado tiempo a apagar el teléfono para que este «no viera los dos mensajes que había enviado pidiendo ayuda».

Lo siguiente que hizo fue conducir hacia una zona apartada de posibles miradas. Detuvo el turismo, «se montó en la parte trasera donde había dejado a la víctima y, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, se bajó los pantalones y la ropa interior, cogió la cabeza de ella y la dirigió hacia su pene, obligándola a introducírselo en la boca y hacerle una felación, a lo que ella tuvo que acceder atemorizada por la situación y por miedo a que la matara«.

Según consta en el relato de la Audiencia, el procesado puso entonces rumbo a su localidad, Bollullos Par del Condado. Se paró en «un garaje con una puerta blanca», pero lejos de permitir a la mujer que se marchara, «como ella le pedía insistentemente, la dejó encerrada hasta que regresó a los pocos minutos, volviendo después al mismo lugar de antes y donde de nuevo la obligó a que le realizara otra felación».

De nada le valieron a la perjudicada sus súplicas. «Le pidió que la dejara, que no diría nada, pero el procesado le decía ‘que en dos minutos se irían’ pero no terminaba». En un momento dado, prosigue la resolución judicial, «mientras que le realizaba la felación, esta, guiada por una finalidad exclusiva de huir, le dijo al procesado que no podía respirar y para librase de él le pidió un inhalador».

Este individuo realizó una llamada a un amigo para que le comprara el inhalador, a lo que el segundo se negó, «por lo que el procesado accedió a ir a buscarlo«.

Ya habían pasado casi tres horas del secuestro cuando víctima y agresor transitaban con el coche por el paraje de Los Canitos, situado entre Rociana y Bollullos. Eran las 18:15 cuando se cruzaron «con un vehículo de la Guardia Civil en el que viajaban una patrulla del Seprona, quienes ya habían sido alertados de la desaparición de la víctima».

En ese momento, el condenado «aceleró y emprendió la huida a gran velocidad hasta que perdió el control del vehículo e impactó contra la valla perimetral de la autovía, saliendo el procesado con la chica corriendo campo a través». Él consiguió darse a la fuga, pero la damnificada «fue rescatada por la patrulla del Seprona sobre las 18:30″.

En paralelo, la Sala observa que el encausado, «al cometer los hechos relatados y mientras obligaba a la víctima a que le realizara las felaciones, cogió el teléfono de esta y, después de obligarla a encenderlo y sin su consentimiento, las grabó con claro menosprecio a su intimidad«.

Los magistrados precisan además que en la fecha de los hechos este individuo «no tenía mermadas sus capacidades intelectivas o volitivas». La fuga duró 11 días. El 18 de noviembre de 2019 fue localizado y detenido, siendo puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción 3 de La Palma del Condado, quien acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La Sala ha decidido que además de los 13 años de prisión no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros a la víctima durante doce años. Una vez que cumpla la pena privativa de libertad, tendrá que permanecer otros seis años bajo libertad vigilada.

Además, tendrá que abonar las costas, 900 euros de multa y pagar 30.000 euros a la perjudicada por el daño moral ocasionado.

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